Debate Ley de Servicios Públicos (página 2)

A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los
empleados públicos se pretende incorporar un
régimen de personal denominado Sistema Integrado de
Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales
que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo
la concepción equivocada de lo que es la evaluación
se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no
establece parámetros claros y menos establece las medidas
o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en
condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus
limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es
el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación.
Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera la
posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar los
resultados, pues, al empleado solo se le comunica que está
despedido.

Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se
establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua
y permanente para el personal de las instituciones
públicas.

Otro de los temas controversiales de esta propuesta es
que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema
remunerativo que supuestamente termine con las inequidades
salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas
remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los
trabajador, pero además con esta disposición se
pretende incorporar como servidores públicos al magisterio
nacional y a los docentes universitarios a fin de que sean
normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva Ley ,
echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón del
Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo que
significa, la pérdida de conquistas como los bonos
fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc
que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones
económicas en las que se debaten estos
sectores.

Otros temas que causan preocupación son los
relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los
servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años
de edad, transformando el derecho en una obligación pero
además determinado inconstitucionalmente que el monto
máximo de éste será de hasta 30 mil
dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que
el monto de la jubilación debe ser 7 salarios
básicos por cada año. El SENRES se convierte en un
super- organismo que evaluará, controlará, y
definirá el número de personal en las instituciones
y organismos del Estado y será el encargado de regular
todo lo referente a los salarios.

Marco
conceptual

Viernes 08 de enero del 2010

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES PRESIDIRÁ RADIO Y
TELEVISIÓN PÚBLICAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

Ecuador TV, uno de los medios públicos que
conforman RTVEcuador, estrenó sus actividades en noviembre
del 2007, con la instalación de la Asamblea Constituyente
en Montecristi, Manabí.

Una nueva entidad pública cuyo patrimonio
está conformado por los bienes muebles de la sociedad
anónima Televisión y Radio del Ecuador S.A. (RTV
Ecuador), que comprende Radio Pública del Ecuador (RPE) y
Ecuador TV, se creó a través de un decreto
ejecutivo suscrito el pasado 29 de diciembre.Se trata de la nueva
Empresa Pública Televisión y Radio de Ecuador (E.P.
RTVEcuador), y su nacimiento se sustenta en la Ley de Empresas
Públicas, aprobada el año pasado, que menciona que
las sociedades anónimas en las que el Estado o los
gobiernos autónomos descentralizados sean accionistas
únicos, deben disolverse de manera forzosa, sin
liquidarse, y transferir su patrimonio en bloque a las nuevas
compañías públicas que se
conformen.

Con base a esto, señala el decreto, se
declaró la disolución forzosa de RTV Ecuador S.A.,
y se dispuso la transferencia de su patrimonio a la naciente
empresa pública. En consecuencia, la Superintendencia de
Compañías (SC), "sin más trámite,
inmediatamente ordenará la cancelación de la
inscripción de la sociedad anónima en el respectivo
Registro Mercantil", dice.

El directorio de E.P. RTVEcuador, de conformidad con la
Ley de Empresas Públicas, quedará constituido
así: el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información, o su delegado permanente, quien lo
presidirá; el titular del organismo nacional de
planificación (es decir, la Senplades), o su delegado, y
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, en su
calidad de delegado del Mandatario.

¿Por qué el Ministerio de
Telecomunicaciones asume este rol? El antecedente, según
el propio decreto, es que el Ministerio de Cultura y la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que
poseían acciones en el capital social de RTV Ecuador S.A.,
las transfirieron en su totalidad a favor de esa cartera de
Estado.

Este Diario, en un reportaje publicado el 14 de junio
del 2009, informó que el Ministerio de Cultura
tenía el 98% de las acciones de la empresa de radio y
televisión pública, mientras que CNT, poseía
el 2%.

Dicha estructura ya generaba críticas. En
septiembre pasado, durante un foro sobre el proyecto de Ley de
Comunicación, organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales (Flacso), el catedrático Mauro Cerbino
recalcó que en el texto, entonces propuesto por el
oficialismo, a través del asambleísta Rolando
Panchana (PAIS), se debería establecer una estructura y
dirección de los medios estatales que no dependan del
Ejecutivo, sino de los tres poderes y de los
ciudadanos.

Ayer, en el Ministerio de Cultura, un funcionario
confirmó que el 16 de diciembre del 2009 se
legalizó la transferencia de acciones, y explicó
que esta operación se efectuó en base a la
disposición transitoria 222 de la Ley de Empresas
Públicas.

El Estado, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones, menciona el decreto, pasó a ser
accionista único de RTV Ecuador S.A., empresa que deja de
ser sociedad anónima.

La nueva E.P. RTVEcuador, destaca, se encargará
de instalar, operar y mantener los servicios públicos de
radiodifusión y televisión; de realizar la
creación, producción, postproducción de
programas de radio y televisión con carácter
social, y para ello, podrá hacer todo tipo de acuerdos,
convenios, contratos, asociaciones y alianzas
empresariales.

El Ministerio de Finanzas, señala el decreto,
efectuará las asignaciones presupuestarias que se
requieran para su funcionamiento, hasta que esta empresa sea
autosustentable.

Lunes 18 de enero del 2010

Las nuevas empresas
públicas refuerzan lazos con países
afines

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO. RTVEcuador se constituyó con un patrimonio
conformado por los bienes muebles de Tevecuador, adquiridos con
una donación del Bandes de Venezuela.

En apenas dos semanas (desde el 29 de diciembre), cuatro
nuevas empresas públicas se han creado, mediante decreto
ejecutivo, por parte del régimen de Rafael Correa. Se
trata de las empresas públicas Televisión y Radio
de Ecuador (RTVEcuador), la de fármacos (Enfarma), la
cementera y la nacional minera (Enami).

La decisión está amparada en
el artículo 315 de la Constitución y en la nueva
Ley de Empresas Públicas, que establece que estas
participarán en sectores estratégicos, servicios
públicos, aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o bienes públicos y desarrollo de las
actividades económicas en general.  Solo la cementera
(que se encargará de la industrialización,
distribución y comercialización de cemento, cales,
calizas y  materia prima relacionada) –en primera
instancia– no pretendería la colaboración
extranjera. Las otras tres  empresas públicas
fortalecen los lazos de Ecuador con países afines al
proyecto político del Gobierno, como Venezuela y
Cuba. 

En el caso de Enami, Germánico
Pinto, ministro de Recursos Naturales No Renovables y miembro del
directorio, explica que se buscará una alianza
estratégica con la Empresa Estatal Minera Venezolana, para
la explotación del hierro. No descarta la posibilidad de
constituir una empresa mixta para el efecto. También se ha
planeado trabajar con Chile en la explotación de
cobre.  RTVEcuador se constituyó con un patrimonio de
$ 3,3 millones, conformado por bienes muebles que
pertenecían a la Sociedad Anónima Televisión
Nacional de Ecuador, Tevecuador S.A.

De acuerdo con su gerente, Enrique
Arosemena, esos bienes (transmisores, equipos de
producción, entre otros) de la antigua
compañía se adquirieron con una donación de
$ 5 millones por parte del Banco de Desarrollo Económico y
Social de Venezuela (Bandes).

Así, "el canal sorprendentemente
salió al aire sin que el Estado haya egresado un solo
centavo", recuerda. Para Arosemena, el aporte venezolano "no fue
una negociación con piola", pues el donante no ha pedido
nada más que intercambio de
programación.

Otro caso. El día de la constitución
oficial de Enfarma, tanto el ministro Diego Borja, representante
del presidente Correa al directorio, y su gerente Roberto Tadeo,
catedrático y ex gerente de la Empresa de Agua Potable de
Ibarra, explicaron que una de las primeras tareas a cumplir
será la importación de genéricos desde Cuba,
considerada por Tadeo como "potencia" en esa industria. Su idea
es llegar a exportar fármacos a la Alternativa Bolivariana
de las Américas (ALBA).

En la misma tónica, la semana anterior se iba a
firmar el convenio para la creación de los estatutos de la
Empresa Grannacional de Cacao. Aunque el acto se
suspendió, Ramón Espinel, ministro de Agricultura,
ha explicado que esta empresa se constituirá
simultáneamente en Ecuador y en Venezuela. Aunque se
manejarán de forma independiente, las dos tendrán
capitales de ambos países. 

Aunque todas estas empresas de iniciativa del Estado
recién empiezan –la mayoría carece de
infraestructura y solo Enfarma tiene RUC–, ya generan
recelos. Diego Cano, presidente de la Federación de
Trabajadores Petroleros, considera que la idea de "lo
público" tiene que ver con la participación de una
diversidad de sectores interesados. Pero estas están
conformadas solo por miembros del Gobierno: "Se ha eliminado la
participación de los trabajadores en el
directorio".

Sobre el tema, Germánico Pinto asegura que lo
único que ha hecho el Estado es regirse a la
Constitución y a la Ley de Empresas Públicas, que
establece esa conformación.

Para Cano, es inadmisible que se permita la
creación de  empresas  estratégicas con
apenas un decreto ejecutivo, y que ellas  están
supeditadas a la decisión de reforma o de extinción
de una sola persona: el Presidente de la
República.

Estrategias empresariales

Gerente admite que rating es la debilidad de
la televisión pública

Falta de ingresos fue una razón para convertir a
RTVEcuador de sociedad anónima a empresa pública,
comenta su gerente, Enrique Arosemena, y explica que  no se
podía seguir año tras año declarando
pérdidas.

Los medios públicos ofrecen un servicio sin fines
de lucro, por eso no disponen de publicidad comercial y sus
únicos ingresos eran  provenientes de la pauta del
Estado, explica.

A diferencia de la radio, con un buen posicionamiento,
"el rating es la principal debilidad de la
televisión pública", admite Arosemena. Atribuye esa
falencia a la limitación de la frecuencia UHF en
relación a la VHF, en la que espera que la empresa tenga
un espacio en el futuro.

Arosemena no considera que la televisión
pública y los canales privados sean competencia, sino que,
más bien, se complementan las diferencias en la
programación.

El año pasado, cuando la televisora era sociedad
anónima, el Estado destinó $ 8 millones en gastos
de operación y para este tiene asignado un presupuesto de
$ 11 millones.

La empresa, creada con decreto del 29 de diciembre,
cuenta con cerca de 220 trabajadores, 150 en el canal y 70 en la
radio.

Enfarma hará estudios para definir qué
medicinas producirá

Tras la primera reunión con las
farmacéuticas nacionales, el gerente de Enfarma, Roberto
Tadeo, se muestra conciliador: "La industria nacional privada no
tiene de qué preocuparse", pues la nueva empresa
estatal  –creada el 4 de enero pasado–
buscará complementar y no competir.

Enfarma no tiene aún claro qué
comercializará ni producirá. Tadeo dice que eso se
sabrá tras estudios de mercado y adelanta que se
prevé incursionar en medicina retroviral y
vacunas.

Para Renato Carló, líder de
la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos
Ecuatorianos, la empresa pública solo debería
concentrase en la comercialización y aliarse a la
industria nacional. No ve justificable una  planta
productora del Estado, pues las 26 empresas nacionales tienen una
capacidad  instalada ociosa del 40%. El 22% de medicamentos
consumidos son nacionales. Tadeo no descarta una alianza, pero no
admite dudas sobre  la necesidad de la empresa
pública, pues el 38% de la gente que no accede a medicina
es por falta de dinero.

Carló cuestiona la posible
importación de genéricos desde Cuba: "La nacional
es de mejor calidad".

Estudios y pequeña minería
están en la agenda de EnamiRealizar estudios mineros
(para ello cuenta con $ 30 millones) y fortalecer a  mineros
pequeños y artesanales convirtiéndolos en socios
son las principales políticas de Enami EP.

Ya tiene identificados cinco proyectos de
tipo no metálico de los que se obtendrán calizas
(Napo, Zamora y Cotopaxi), un yacimiento de fosfatos, para la
industria de fertilizantes, en Sucumbíos. En
minería metálica se piensa trabajar en cobre, en
Azuay; y arenas ferrosas en la Costa. Y a estos se sumarán
los revertidos al Estado.

El ministro Germánico Pinto dice que
la empresa también buscará alianzas
estratégicas con empresas extranjeras.

Gloria Chicaiza, coordinadora de la
campaña sobre minería de acción
ecológica, considera que la empresa pública minera
nace con desventajas terribles frente a sus competidoras: "Sin
capital ni tecnología suficientes" y en medio de una
legislación minera "que no es garantía de nada".
Para ella, el Gobierno es condescendiente con las  mineras
nacionales.

En Enami, creada el pasado 31 de diciembre,
el representante del Presidente es Patricio Ruiz Maldonado. El
gerente es José Cisneros Castro.

Cementera del Ecuador tiene pendiente su
funcionamiento

La Cementera del Ecuador aún no ha
reunido a su directorio para designar a su máxima
autoridad ni ha definido aspectos como el lugar de
funcionamiento. Aunque ya se constituyó con decreto este 7
de enero, aún no se avanza en los trámites para su
funcionamiento.

El Ministerio de Industrias debía comprar
Cementos Chimborazo y Guapán, de propiedad del Banco
Nacional de Fomento (95% de acciones) y el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, en su orden, para que constituya el
consorcio cementero nacional. No se ha concretado.

Miguel Ángel Paredes, asesor de la
Presidencia y delegado de Correa en el directorio, dice que lo
más probable es que la empresa pública opere en las
instalaciones de Cementos Chimborazo, en Riobamba, y ocupe a sus
200 trabajadores.Pero Danilo Moreno, gerente de Cementos
Chimborazo, cuenta que sabía que se vendería un
paquete accionario a los trabajadores e indígenas de las
comunidades aledañas. Correa así lo dispuso y
también para Azuay, donde opera Guapán.

La ley de creación del Banco del Afiliado
señala que Guapán debe pasar a la
institución y que tendrá 180 días para
venderla.

Martes 29 de enero del 2010

Mandato 2
estará sobre la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

La mesa de Legislación y
Fiscalización de la Asamblea Constituyente ayer
resolvió rectificar el texto del mandato 2, luego de que
algunos asambleístas, entre ellos Félix
Alcívar, realizaron observaciones concretas en cuanto
a la redacción de la sección que fija el techo para
las indemnizaciones por despidos en el sector
público.

En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en
Guayqauil), Alcívar dijo esta mañana que
ayer propuso un texto alternativo al artículo 8 del
mandato, ya que "no se menciona a los servidores públicos
que están amparados bajo el Código de Trabajo y que
tienen conquistas laborales muy por encima de lo que normalmente
se debe o se puede recibir por despido intempestivo".

Sin embargo, Alcívar descartó
que esa incosistencia en el segundo inciso del
artículo 8 del mandato 2 afecte la efectividad de
"este mandato que está dirigido fundamentalmente a
corregir en la aplicación del artículo 206 del
Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en
algunas entidades del sector público".

Cuestionado si el techo que se va a analizar puede
incrementar las indemnizaciones por despido intempestivo por
encima de 50 mil dólares, dijo que aún está
por analizarse esa posibilidad. No obstante, subrayó
que se respestará todo lo que esté
contemplado en el Código de Trabajo y en el documento
contractual o contrato colectivo.

No obstante, se rectificará las
indemnizaciones por despidos intempestivos que ya están
contempladas y cuyas fórmulas de cálculo
también están establecidas, y que superan los 300,
400, 500 y 600 mil dólares.

Lo que tratarán de hacer, explicó
Alcívar, es establecer un promedio de lo que
está recibiendo el trabajador público
sindicalizado "para que ese sea más o menos el techo que
rija en el Ecuador a las indemnizaciones por despido
intempestivo".

A criterio de Alcívar, no se
presentarán mayores inconvenientes en la
aplicación de este mandato para los servidores amparados
para la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, "o para
los que habiendo suscrito a altas transaccionales, presenten sus
renuncia voluntaria. El despido intempestivo lo salva porque
obviamente es materia de Derecho Laboral".

Finalmente dijo que la Asamblea no
cerrará las puertas al sector de los
sindicalistas que planean ir a Montecristi el próximo 14
de febrero. "Nosotros estamos prestos a escuchar a todos los
trabajadores y todos los sectores de la sociedad. De hecho
así hemos estado trabajando".

Viernes 12 de marzo del 2010

Veto para la
censura

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

En su veto parcial a la Ley de Participación
Ciudadana el presidente Rafael Correa pide que se incluya a los
medios de comunicación entre los "servicios
públicos", a los que el Consejo de Participación
Ciudadana (integrado, como ya se conoce, por personas
mayoritariamente adictas al régimen) les podrán
solicitar que rindan cuentas.

En realidad los medios de comunicación rinden
cuentas de modo permanente: al Servicio de Rentas Internas, al
IESS, a la Superintendencia de Compañías, a los
ciudadanos que se consideran perjudicados por una
publicación, a los consumidores que reclaman sus derechos
amparándose en la Ley del Consumidor. La lista
podría continuar porque es mucho más extensa.
¿Qué aspecto de la actividad de los medios de
comunicación se quiere controlar ahora, además de
los que ya hemos citado? La respuesta es obvia: a través
de un veto el Gobierno quiere controlar el contenido de la
información y la opinión, tal como ha sido su
intención desde hace tres años. La censura intenta
pasar ahora a través de un veto.

Miércoles 17 de marzo del 2010

Comisión no
dio paso al control de los medios

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO. La oposición necesita 82 votos para
insistir en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana,
pues con una mayoría simple se allanaría al veto
parcial del Ejecutivo.

La Comisión de Participación Ciudadana y
Control Social de la Asamblea rechazó ayer el veto parcial
que hizo el Ejecutivo del proyecto de Ley de Participación
Ciudadana y que en su artículo 88 obliga a los medios de
comunicación a rendir cuentas una vez al
año.

Seis legisladores de oposición acogieron la
propuesta del asambleísta Galo Lara (PSP), de que el
artículo 88 quede tal como lo aprobó en primera
instancia la Comisión.

Ellos son Luis Morales y Lenín Chica (Prian),
César Montúfar (MCN), Juan Carlos López y
Galo Lara (PSP), y Fabián Valdiviezo (PSC).

En cambio, los asambleístas de
Alianza PAIS, María Soledad Vela, Mercedes Diminich y
Hólger Chávez se abstuvieron de votar.

El presidente Rafael Correa pidió
incluir a los medios de comunicación en la
rendición de cuentas que los ciudadanos podrán
solicitar una vez al año bajo el argumento de que, siendo
públicos o privados, prestan un servicio público.La
asambleísta María Soledad Vela (PAIS) indicó
que no hay razón para oponerse al veto porque los medios
rinden permanentemente cuentas a la ciudadanía en una
actividad pública y sujeta al escrutinio
público.

La ciudadanía tiene derecho a la
comunicación y a ser informada adecuadamente, entonces no
existen motivos para no apoyar el veto, dijo Vela.

Los legisladores de PAIS abordarán
el tema en una reunión del bloque la próxima
semana; sin embargo, Vela insistió en señalar que
de cualquier manera los medios de comunicación privados
prestan un servicio público, algo que es de interés
público; de ahí que se justifica la
rendición de cuentas, añadió.El veto parcial
del Ejecutivo señaló que la ciudadanía
podrá solicitar una rendición de cuentas una vez al
año y a las instituciones públicas o privadas que
presten servicios públicos, manejen recursos
públicos o desarrollen actividades de interés
público; así como a los medios de
comunicación social, siempre que tal rendición de
cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en
la Constitución y las leyes.

El asambleísta Lara reveló que ayer
después de la reunión de la mesa legislativa se
determinó que el texto original del artículo 88 de
la Ley debe mantenerse, y que el veto no procede porque "el
Presidente de la República no puede ni debe meterle la
mano a la prensa nacional".

Precisó que si de rendición de cuentas se
trata, quien debe empezar es el secretario de la
Administración, Vinicio Alvarado, respecto a los gastos de
la publicidad del Gobierno.

El legislador indicó que los medios ya realizan
una rendición de cuentas y deben mantener su independencia
del régimen, que lo único que busca aseguró
es controlar los contenidos.

El informe respecto al veto parcial pasará a
conocimiento del pleno de la Asamblea para su aprobación
definitiva.

La oposición necesita 82 votos para ratificar el
proyecto, pues con una mayoría simple la Asamblea se
allanaría a los reparos del Ejecutivo.

En su último enlace sabatino, Correa
convocó a la ciudadanía para que se concentre
afuera del Legislativo el día en que se debata la Ley de
Participación Ciudadana para vigilar que se apruebe el
veto parcial que hizo el Ejecutivo.

Dijo que "hay asambleístas que les
tiemblan las piernas por firmar esta ley, porque no quieren
perder su espacio en Teleamazonas, en El Comercio".

Negó que se pretenda controlar a los
medios, como sostiene la oposición.Posturas:
Proyecto

GobiernoEl secretario
jurídico, Alexis Mera, dijo que se busca una mejor
regulación a las audiencias públicas para que estas
no se hagan cuando alguien las solicita.OpiniónPara
el jurista Antonio Rodríguez la disposición es
estrictamente política y lo que busca no solo es
controlar, sino perseguir a los medios privados.

Jueves 25 de marzo del 2010

PERIODISTAS APORTAN SUS IDEAS PARA LEY

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

"Estamos aquí para defender la libertad de
escribir, de pensar, por una ley que no ponga límites al
periodismo", exclamó Vicente Ordóñez,
presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), al
entregar una propuesta sobre la Ley de Comunicación al
presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la
mañana de ayer.

El documento, que surge de un foro realizado el pasado
13 de marzo, versa sobre cinco ejes: el Sistema de
Comunicación Social, el Consejo de Comunicación,
los calificativos a la información, la
profesionalización y los medios
públicos.

En la tarde, durante su exposición ante la
Comisión de Comunicación, Ordóñez
sostuvo que la propuesta respeta el acuerdo interbloques de
diciembre pasado y que espera sea respetado hasta el
final.

La UNP rechazó que el Consejo se convierta en un
tribunal de excepción, pues eso viola el mandato
constitucional, y propuso que sea integrado por siete miembros:
uno de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, dos elegidos por el
Consejo de Participación Ciudadana, otro de las
universidades y los restantes designados de tres ternas
propuestas por la Asamblea tomando en cuenta la primera y segunda
fuerza política y las minorías.

Sobre los calificativos a la información, la UNP
cuestionó la inclusión de adjetivos como "sin
indicio alguno" o "incontrastada" porque ello podría
convertirse en censura previa. Reiteró su defensa de la
profesionalización de quienes ejercen el periodismo,
aunque esto, observó, viola la
Constitución.

El gremio sugirió especificar que los medios
públicos deben entenderse como medios estatales, no
gubernamentales, y con financiamiento obligatorio de los
presupuestos general del Estado o seccionales.

Cordero (PAIS) acogió la propuesta y se
comprometió a promover una reunión interbloques
para socializarla. También aceptó la
imposición del botón con el texto "Soy Periodista",
en medio de los aplausos de decenas de reporteros.

Sobre el acuerdo interbloques reiteró que
hará todo lo posible porque sea respetado, pero al mismo
tiempo ratificó que esto no significa que esté
"escrito en piedra", dejando abierta la posibilidad de cambios,
siempre y cuando partan de los consensos,
aclaró.

Jueves 01 de abril del 2010

Sugieren que la
rendición de cuentas conste en otra ley

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO. La Comisión de Comunicación,
presidida por Betty Carrillo (PAIS), deberá desarrollar el
principio de la rendición de cuentas en la nueva Ley de
Comunicación.

La Comisión Ocasional de
Comunicación de la Asamblea Nacional desarrollará
el principio de la rendición de cuentas de los medios de
comunicación dentro del proyecto de Ley de
Comunicación que se tramita en la Legislatura.

Así lo anunciaron sectores del
Gobierno que consideran que se debe fijar con claridad qué
y cómo los medios deben rendir cuentas a la
ciudadanía. La rendición de cuentas de los medios
fue incluida por el Ejecutivo en un veto a la Ley de
Participación Ciudadana, donde se señala que la
ciudadanía podrá solicitar rendición de
cuentas a los medios. Pero al final de la objeción se abre
la posibilidad de que esa rendición sea desarrollada en
una ley.El asambleísta Virgilio Hernández (PAIS)
consideró que la rendición de cuentas debe
desarrollarse en la Ley de Comunicación. "Si en la Ley de
Comunicación se desarrolla este tema, estas disposiciones
prevalecerán frente al texto objetado por el Ejecutivo",
aclaró.

El temor de sectores de oposición es
que el Ejecutivo, en su afán de controlar los contenidos,
a través de un veto parcial, incluya nuevos textos que
radicalicen su posición respecto a la rendición de
cuentas.

Sin embargo, Ángel Vilema (PAIS)
manifestó que su bloque y la Comisión Ocasional se
responsabilizarán de lo que apruebe el pleno de la
Asamblea Nacional.Afirmó que se deben rendir cuentas ante
la ciudadanía, y aclaró que no se pretende incluir
sanciones por el posible incumplimiento que se registre con
respecto a este principio.

Fausto Cobo (SP) advirtió que la
estrategia del régimen es clara, y con seguridad a
través de un veto se incluirán textos que permitan
asegurar el objetivo político del Gobierno, que es el
control de contenidos.

Cobo expresó que el Ejecutivo a
través del veto a la Ley de Participación Ciudadana
pulverizó el acuerdo ético-político firmado
en diciembre pasado, y que con seguridad insistirá en que
los medios privados sean sometidos a una rendición de
cuentas que no contempla la Constitución.

Lourdes Tibán (Pachakutik) indicó que es
necesario abordar el tema de la rendición de cuentas
dentro de la Ley de Comunicación, porque el texto incluido
en el artículo 88 de la Ley de Participación es
demasiado general.La rendición de cuentas debe ser clara
sobre qué temas y qué términos;
además, se debe precisar si en esa rendición se
incluyen los contenidos que publiquen los medios de
comunicación, añadió.

El asambleísta Jimmy Pinoargote (IND)
afirmó que los medios de comunicación no son
entidades públicas y que sus representantes legales no son
dignatarios ni funcionarios públicos, por tanto, no cabe
la rendición de cuentas de ellos bajo ninguna
circunstancia.

La Constitución, añadió,
señala a quiénes deben rendir cuentas, y en ninguna
parte se refiere a los medios privados. "En el último de
los casos, quienes deberían rendir cuentas serían
los medios de comunicación públicos, porque reciben
fondos del Estado", explicó.

Apuntes: Los temas clave

ConvocatoriaPara el próximo
lunes fueron convocados los miembros de la Comisión de
Comunicación para continuar con el trámite de la
Ley de Comunicación. AcuerdoLa Comisión al
momento discutió tres de los siete puntos del acuerdo
legislativo suscrito el pasado 17 de diciembre del
2009.

CronogramaSegún su cronograma, la
Comisión trabajará tres días a la semana en
el debate de los 104 artículos que contiene el
proyecto.

RegulaciónLa Comisión Ocasional de
Comunicación incluirá textos para regular las
cadenas nacionales emitidas por el Gobierno, según el
asambleísta Ángel Vilema.

Sábado 01 de mayo del 2010

LEY DE TRANSPARENCIA CUMPLE 6 AÑOS: EL DERECHO
QUEDÓ EN PAPEL

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO. Aunque la Secretaría de Transparencia es
la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley, entregó
su informe tarde.

Cualquier persona puede acceder a información
pública, sin justificar su pedido, ni el destino que le
dará.

Ese es un derecho garantizado en la Constitución
y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Lotaip) que, sin embargo,
está lejos de cumplirse en la práctica.

Entre las razones consta el incumplimiento de la Ley de
parte del 96% de las instituciones del Estado, el desconocimiento
de la ciudadanía sobre su derecho a acceder a
información pública y las debilidades de los
organismos de control.

La Lotaip, expedida en mayo del 2004,
establece que todas las entidades estatales están
obligadas a difundir, a través de su página web,
información actualizada sobre: su estructura, normas y
procedimientos internos; presupuesto, contratos, créditos,
salarios, servicios y trámites, auditorías,
proyectos y mecanismos de rendición de cuentas.
Además, de presentar un informe de cumplimiento de esa
obligación, incluido el detalle de las solicitudes de
acceso a la información recibidas y
contestadas.

La Lotaip señala que hasta el 31 de
marzo de cada año las entidades estatales deben entregar
sus informes de transparencia a la Defensoría del
Pueblo.No obstante, solo 246 lo hicieron hasta la fecha
límite. Fuera del plazo entregaron 30 entidades
más, según la última actualización de
la Defensoría del pasado 13 de abril.

La Secretaría Nacional de
Transparencia, organismo del Ejecutivo encargado de vigilar el
cumplimiento de la Ley, estuvo entre las instituciones que
entregaron sus informes de transparencia con retraso; igual los
ministerios Coordinador de Desarrollo Social, de Industrias, de
Relaciones Laborales, y Obras Públicas.

Tampoco presentaron a tiempo su informe la
Fiscalía, Contraloría, Corte Nacional de Justicia,
Senplades, Senatel, el Servicio de Rentas Internas, Alegro, el
IESS y la Prefectura de Pichincha.

En tanto, más de 5.000 instituciones
no entregaron sus informes.En la gestión pública
uno de los estereotipos que persiste es el siguiente: "La Ley de
Transparencia no nos puede exigir a nosotros, los guardianes
legales de estos datos, a dar la información a los
periodistas", según un testimonio recogido en el libro La
palabra rota de la organización Fundamedios.

Fundamedios realizó tres monitoreos
para evaluar el tratamiento que tienen las entidades estatales
con las peticiones de acceso a la información.

Para tomarle el pulso a las instituciones
públicas, presentó 69 solicitudes de acceso entre
junio y septiembre del 2009. Solo siete entes estatales
respondieron a tiempo, 45 no contestaron o entregaron la
petición incompleta, 12 lo hicieron fuera del plazo (10
días), dos dijeron que era información reservada y
tres, que no tenían datos.

Entre las entidades que no respondieron constan medios
de comunicación públicos: El Telégrafo,
EcuadorTV y Radio Pública.

En el monitoreo a los medios de comunicación,
Fundamedios halló que pocos han formulado peticiones de
acceso entre 2008 y 2009. "A diario EL UNIVERSO solo le
contestaron dos de ocho pedidos; a Expreso, cuatro de diez; al
programa de televisión 30 Minutos Plus (de Teleamazonas)
le respondieron dos de siete pedidos".

En cuanto al monitoreo que la organización hizo a
la Defensoría del Pueblo, reflejó que aunque se
trata de una entidad de control, recibe en promedio 164 informes
anuales de transparencia, cuando más de 5.000
instituciones están obligadas a entregarlos.

Cuando el 18 de mayo del 2004 entró en vigencia
la Lotaip, su transitoria tercera establecía que la
Defensoría del Pueblo tenía seis meses "para
adoptar las medidas administrativas, técnicas y
presupuestarias para el cumplimiento de la responsabilidad que
esta Ley le asigna". Han pasado seis años y la
Defensoría, según su máxima autoridad,
Fernando Gutiérrez, tiene limitaciones administrativas y
financieras.

Otra mirada sobre el tema de transparencia, pero desde
los municipios y la ciudadanía la ofrece el estudio que en
enero pasado realizó el grupo FARO (Fundación para
el Avance de las Reformas y las Oportunidades). Tras analizar los
mecanismos de transparencia de 154 gobiernos locales que
sí tienen página web, se concluye que los
ciudadanos desconocen su derecho de acceso a la
información pública, así como los
instrumentos legales que tienen para ejercerlo.

Ello se evidenció en que la demanda de
información desde la ciudadanía es aún muy
débil, según Mabel Andrade, investigadora de esta
ONG.

Mauricio Rodas

FUNDACIÓN ETHOS

"En México lo que hace que funcione la Ley es la
voluntad política, que se traduce en recursos".

Luis Pachala

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

"Los ciudadanos pueden denunciar a las entidades que no
dieron información y ahí haremos algo".

Jueves 06 de mayo del 2010

Persiste
polémica por la concesión de Interagua

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

Mercedes de Tenorio, quien habita en una vivienda de
caña en la vía Perimetral, se beneficiaría
de la tarifa social de Interagua que desde el 1 de mayo cobra $
0,10 el metro cúbico.

Las organizaciones barriales y el Observatorio Ciudadano
de Servicios Públicos pidieron ayer al alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot, que el Municipio asuma el manejo del
servicio de agua, actualmente concesionado a
Interagua.

El presidente de la Confederación de Barrios del
Ecuador, Luis Gómez; la presidenta de la Coordinadora
Unitaria de Barrios del Ecuador, Natasha Rojas; y el dirigente
del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos,
César Cárdenas, indicaron además que en los
próximos días iniciarán movilizaciones en
contra de la concesión.

Gómez sostuvo que de acuerdo con la
Constitución debe ser el Municipio el ente que "administre
y atienda este servicio".

Los dirigentes barriales también criticaron la
nueva tarifa social del agua potable por parte de
Interagua.

Según la tarifa, los más pobres
pagarán $ 0,10 el metro cúbico de agua potable,
pero si viven en una casa que tiene 36 metros cuadrados de
construcción y si es de caña.

Cárdenas precisó que "una casa así
se ve en los asentamientos nuevos del norte, mientras que los que
tienen entre 30 y 40 años viviendo en los sectores
populares no tienen una vivienda de esa naturaleza".

Por ese motivo, Cárdenas destacó que se
insistirá en la propuesta de fijar un mínimo vital
gratuito de cinco metros cúbicos, lo que
"garantizaría el derecho a este servicio".

Otro pedido de Cárdenas es una tarifa social
diferenciada, es decir, para quienes consumen menos de 30 metros
cúbicos. "Quienes usan el agua para negocio pagan mucho
menos", recalcó y expuso que si un consumidor de la cdla.
Las Acacias cancela $ 0,49 por el metro cúbico, una
empresa que la utiliza para negocio cancela $ 1,19; "gana mil
dólares por un metro cúbico, pagan más los
que usan el servicio para la supervivencia".

Mientras, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
recalcó ayer, en una entrevista a Teleamazonas, que el
agua potable "no está privatizada", sino que "hay una
concesión a una empresa privada para que invierta y
dé mejor servicio a la ciudadanía".

Nebot sostuvo que se debe respetar la concesión y
que eso se ha pedido a la Asamblea Nacional.

Detalles: Pedidos a la Asamblea

No cortes por deudas

Los dirigentes barriales solicitaron ayer a la Asamblea
Nacional que se incluya un artículo en la Ley de Aguas que
impida el corte del servicio por causas económicas (en
caso de deudas) y que la Comisión de Fiscalización
investigue a Ecapag e Interagua para determinar en qué se
han usado los fondos públicos.

Jueves 13 de mayo del 2010

Ancianos, sin
beneficios de su ley en las planillas

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

Luis Quinteros prefiere pagar el valor real de las
planillas. Pide que solo exijan la cédula para que
comprueben la edad.

Jorge Jarama paga 30 dólares
mensuales en promedio por consumo de agua potable y no tiene el
descuento del 50%.

Cuando Pedro Apolinario (de 68 años)
se acercó ayer a pagar la planilla correspondiente al
consumo de agua potable por el mes de  abril se
percató que  le habían rebajado  dos
dólares por la Ley del Anciano. Pero no se sintió
satisfecho ya que del valor total que debía cancelar ($
9,35), le cobraron siete cuando con el descuento de ley (50%) no
debía pasar de los 5 dólares.Hace cuatro meses
había  llenado la solicitud  para 
beneficiarse con lo que determina la ley y recién obtuvo
la ventaja, pero a medias.

Su caso no es el mismo de otras personas de
la tercera edad que no se les  descuenta en las planillas de
agua o luz.

Uno de ellos, Luis Quinteros, de 77
años, indicó que en ninguna parte donde va a
cancelar sus facturas  le aplican lo que determina la
ley  ya que le exigen  hacer un trámite. "Eso es
pasar el tiempo y más  gasto en movilización.
Prefiero pagar lo que sale", manifestó.

Agregó que  deberían
comprobar que  es de la tercera edad solo con la
presentación de  la cédula de identidad, el
carné del Ministerio de Bienestar Social o del
IEES.

Fernando Zerna (de 74 años), quien
es jubilado de la Corte Superior de Justicia del Guayas,
manifestó  que no goza de los beneficios determinados
en la ley porque le exigen que llene algunos formularios y para
él eso es una pérdida de tiempo. "Ellos se deben
basar en lo que señala el Registro Oficial. Incluso los
transportistas me dicen que si no me da vergüenza pagar la
mitad del pasaje y con ese cuento no cumplen con lo que determina
la ley", agregó.

Jorge Jarama, de 81 años,
también se quejó de que en ninguna
institución le aceptan la presentación de la
cédula para hacerle la rebaja del 50% en los servicios
públicos.

BeneficiariosLa vicepresidenta
comercial de la Corporación Eléctrica (ex Emelec),
Maritza Medina, señaló que esta institución
sí cumple con lo establecido en la ley. Hasta ayer la
empresa reportó a 3.517 beneficiarios de la tercera
edad.El trámite, que dura dos días,  no es
largo y quienes deseen gozar de este beneficio deben acercarse a
las oficinas de la empresa, en La Garzota, llenar un formulario y
adjuntar la copia de la cédula de identidad.

Interagua informó que tiene a 1.819
beneficiarios  y están pendientes 458
solicitudes.Para cumplir con el trámite deben acercarse
con la cédula de identidad o el carné de
pensionista a una de sus oficinas, en la Urbanización San
Eduardo o en Calicuchima entre Chimborazo y Coronel.

DesconocimientoPara el comisionado
Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el Guayas, Lincoln
Mora,  las instituciones deben cumplir con lo que establece
la ley, pero no se les  puede exigir porque no hay 
reclamos y muchos desconocen sobre la forma de pedir sus
derechos.

Puso como ejemplo que solo una persona, Jorge
Calderón,   presentó la queja para exigir
que respeten la ley.

Pidió a las personas de la tercera
edad que se sientan perjudicados por Interagua,
Corporación Eléctrica o Pacifictel que se acerquen
a las oficinas de la Defensoría, ubicadas en Lorenzo de
Garaycoa Nº 732 y Víctor Manuel Rendón
(2º piso) para que presenten su denuncia con la
asistente  María Rodríguez.

Sobre el abuso que cometen los
transportistas con las personas de la tercera edad, dijo que la
CTG debe ayudar.

Ley

Artículo 1

El artículo 1 de la Ley Reformatoria
que realizó el Congreso Nacional a la Ley del Anciano,
publicada el pasado 12 de diciembre, en su texto principal
dice: "Se exonera el 50% del valor del consumo que causare
el uso de los servicios de un medidor de energía
eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 kilovatios
por hora y de un medidor de agua cuyo consumo mensual sea de
hasta 20 metros cúbicos.

AdemásEl mismo
artículo determina que en caso de exceso de esos
límites los usuarios pagarán las tarifas normales y
el 50% de la tarifa básica o residencial de la planilla
telefónica. Para la rebaja, el beneficiario deberá
presentar la cédula de ciudadanía o carné de
jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS).

Viernes 29 mayo del 2010

Ley de Empresas
Públicas, en agenda

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

El presidente Rafael Correa envió el
miércoles al "Congresillo" el proyecto de ley
orgánica de empresas públicas, compuesta de 78
artículos, que regula la autonomía
económica, financiera, administrativa y de gestión
de las empresas públicas.

El proyecto será calificado por el
Consejo de Administración Legislativa (CAL), pasará
a conocimiento de la Comisión Especializada de
Contratación Pública y es parte de las ocho leyes
que se prevé aprobar antes del 30 de julio.La propuesta
señala los principios que deberán observar las
empresas estatales para la contratación de obras, bienes y
servicios, incluidos los de consultoría, así como
las contrataciones de exploración y explotación de
petróleo y bienes de carácter
estratégico.

Regula los contratos colectivos y aclara
que tendrán ese derecho exclusivamente los obreros que
realizan labores en las que prima el trabajo material sobre el
intelectual. Obliga a las empresas públicas a establecer
programas de retiro voluntario y jubilación forzosa, y
prohíbe el aporte de la empresa estatal a fondos de
jubilación y cesantía distintos a los del
IESS.

Miércoles 03 junio del 2010 del
2010

Ley de Empresas
Públicas afectará a 14 normas legales

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO. El ministro Javier Ponce (i) propuso a
legisladores que un comité identifique las acciones que
deberán vender las FF.AA.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas que
está en discusión en la comisión de lo
Económico del "Congresillo" afectará a catorce
normas legales vigentes, una vez que se publique en el Registro
Oficial. Por ahora está en su fase inicial, a 18
días de emitirse el informe para el primer
debate.

Las leyes a derogarse son la de Petroecuador y sus
filiales, la del Fondo de Solidaridad y las dos de
creación de la empresa de Ferrocarriles. Además
eliminará cuatro artículos de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y una palabra de la
Ley del Sector Eléctrico.

La nueva disposición legal, que
podría entrar en vigencia en agosto, reforma
también el Código Tributario, la Ley de
Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de la
Contraloría, la Codificación de la Ley
Orgánica de Aduanas, la de Administración
Financiera y Control, la de Hidrocarburos,  de
Compañía y la Codificación de la Ley de
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia
Fiscal.Esto porque  el  esquema de control de las
empresas públicas es caótico, genera
inacción y está dentro de muchos marcos
jurídicos, expuso Jorge Glas, presidente del directorio
del Fondo de Solidaridad, a los miembros de la comisión,
en donde el único ausente fue Andrés
Pavón  (PRE).

Según el funcionario, la normativa
de las empresas públicas ha permitido el libertinaje de
las compañías porque muchas usaban la figura de
compañía pública o privada a conveniencia.
Por esa ambigüedad, indicó el ministro de Defensa,
Javier Ponce, la propuesta del ejecutivo permitirá
reconstruir la institucionalidad de las empresas del
Estado.

En el caso de las FF.AA., agregó, es
fundamental que se articulen sus empresas porque están
manejándose con cierta autonomía y para impedir
aquello propuso la creación de un Comité Industrial
de la Defensa que se encargará de identificar y separar a
las empresas dedicadas al negocio "estrictamente de defensa" y a
los de "carácter estratégico para el
desarrollo".

Las primeras se quedarán bajo la
administración de las Fuerzas Armadas,  las otras
deberán vender sus acciones. Los estudios  ya
están avanzados, destacó Ponce. Esa tarea puede
estar en seis meses, tiempo que deberá constar en una
transitoria en la nueva ley.

Entre las empresas militares constan la línea
aérea Tame, el holding Dine, la Flota Petrolera
Ecuatoriana (Flopec), la fábrica Santa Bárbara (de
municiones) y Tecniestamp.

Textual: Acciones en empresas

Javier Ponce,

Ministro de Defensa

"Las FF.AA. tienen acciones en empresas, en el hotel
Marriot, por ejemplo, lo que deberán hacer es
venderlas".

Miércoles 09 de junio del 2010

Cambios en la Ley de
Servicio Público

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO

La Asamblea Nacional debatirá y aprobará
mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la
estabilidad laboral en el área pública de aquellos
que actualmente laboran y además ratifica que
ningún servidor público podrá ganar
más de cinco mil dólares mensuales.

Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios
públicos. La normativa no cobija a los maestros o
profesores porque se determinó que ese grupo de servidores
se regirán por la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio.Para los servidores
públicos de los gobiernos seccionales se determina que
serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se
respeta su autonomía, cuya actual remuneración
tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de
hasta cinco mil dólares.

El informe fue suscrito unánimemente por los
miembros de la comisión, destacó la presidenta de
ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó
que en la ley se desecha la figura del despido intempestivo de
aquellos servidores que actualmente laboran en el sector
público.

En la ley se elimina la figura de los contratos
ocasionales, pues los asambleístas consideran que toda
persona que ingrese al sector público debe hacerlo por
concurso de méritos y de oposición, y que
además el cargo debe estar vacante.

Las personas que laboran en el sector público en
situación de riesgo, como radiólogos, enfermeras,
etc., tendrán seis horas de trabajo, pero con una
remuneración igual.

Además, se amplía de nueve meses a un
año los meses de lactancia materna para las madres
servidoras públicas.

Viernes 11 de junio del 2010

Colegas y
oposición critican a la oficialista Nívea
Vélez por norma

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público
llevó a constantes consultas entre los asambleístas
de PAIS y de la oposición.

El informe para segundo debate de la Ley de Servicio
Público no se alejó de las críticas de los
asambleístas, quienes ayer advirtieron que la normativa
violaría la Constitución y garantizará
prebendas a los funcionarios públicos de todos los niveles
de gobierno.

El debate arrancó con la exposición de la
presidenta de la comisión de los Derechos de los
Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS), quien
resaltó las bondades del proyecto sobre la estabilidad
laboral de los servidores públicos, montos de
jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones
geográficas, beneficios de maternidad, evaluación
laboral, entre otras.

Pero las críticas se iniciaron con la
intervención del gobiernista Mauro Andino, quien
advirtió que se está legislando de manera ambigua,
general e imprecisa y pidió eliminar beneficios
inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales
del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a
favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional
Electoral.

Seguidamente, la oficialista Betty Amores lamentó
que los 9 asambleístas de la comisión hayan
suprimido el capítulo de los derechos de los usuarios de
los servicios públicos, lo cual es grave porque la
disposición transitoria de la Constitución
establece que se debe aprobar "la normativa para regular el
servicio público y no una ley para los servidores
públicos", dijo.

El asambleísta Paco Moncayo (AL) advirtió
que la ley permite el ingreso de cien mil empleados
públicos en cada cambio de gobierno, pues dijo que
según el Ministerio de Finanzas reveló que desde el
2007 han ingresado 105 mil nuevos empleados públicos, de
los cuales 26 mil recibieron nombramiento. Lo más
tenebroso, añadió, es que en la ley se ordena la
contratación temporal del 20% del total de servidores
públicos cada inicio de gobierno, con lo cual
ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al
sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos
gastos?, preguntó.

El gobiernista César Rodríguez, quien al
inicio de su intervención recibió pifias desde las
barras altas, sugirió la eliminación del texto que
excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales de las escalas salariales
que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que
determina que nadie puede ganar más que el Presidente de
la República.

También observó el artículo sobre
el personal docente que menciona que los maestros en todos
niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera
Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar
conflictos cuando se aplique la normativa.

Más datos: ELABORACIÓN DE
TEXTOS

Próximo debate

Tras el debate de la Ley de Servicio Público y
las sugerencias expuestas por los asambleístas del
oficialismo y de la oposición, la comisión
especializada recogerá las observaciones planteadas en el
pleno y presentará un nuevo texto para la votación
en la próxima sesión que aún no tiene
fecha.

Miércoles 16 de junio del 2010

Ley de Servicio
Público va a debate

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO La Asamblea Nacional intenta hoy aprobar en
segundo y definitivo debate la Ley de Servicio Público,
para lo cual hasta ayer en la tarde la presidenta de la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea
Vélez (ADE), intentaba llegar a consensos en cuatro
puntos.

Uno de los temas observados tiene relación con
una transitoria que dispone otorgar nombramientos a aquellos
empleados públicos que estén bajo la modalidad de
contrato por dos años consecutivos.

En el tema de los gobiernos seccionales existe una
discrepancia respecto a la garantía para que los
servidores municipales puedan alcanzar una escala salarial que
valore su esfuerzo, todo ello, sin afectar la autonomía de
los gobiernos descentralizados, afirmó la
asambleísta Vélez.

Otro punto crítico también se refiere a la
sugerencia que se dio en el debate de que la ley precise que
quienes pueden acceder a ser funcionarios públicos
serán únicamente los ecuatorianos.

Miércoles 21 de junio del 2010

Docentes no entran en
Ley de Servicio Público

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO

Los maestros no entrarán en la Ley de Servicio
Público, pues continuarán amparados en la Ley de
Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, según
el informe de mayoría del proyecto de Ley de Servicio
Público que aprobó la comisión legislativa
de Derechos de los Trabajadores.

El grupo de asambleístas de Acuerdo
Democrático por la Equidad (ADE) presentó ayer el
respaldo a la presidenta de la Comisión de Derechos de los
Trabajadores, Nívea Vélez, quien 
elaboró el informe que es sustancialmente diferente a la
propuesta del Ejecutivo.

El documento pasará a conocimiento del pleno de
la Asamblea para su trámite en primer debate. Según
Vélez, es una ley absolutamente diferente a la del
Gobierno, pues se desecha la figura del despedido por parte de la
autoridad nominadora y se incluyó un texto que determina
que se debe respetar el debido proceso.

La  asambleísta de ADE explicó que
siendo una lucha de años del magisterio no se la puede
echar abajo, por lo tanto, se plantea que los profesores sigan
rigiéndose bajo el amparo de la Ley de Carrera Docente y
Escalafón. "La Ley de Servicio Público no
regirá para los maestros y profesores",
resaltó.También argumentó que la propuesta
de la comisión, de hacer una diferenciación entre
los maestros y servidores públicos, no cae en la
inconstitucionalidad, porque si se observa el artículo
349, sí prevé que los maestros pueden estar bajo la
Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio.

Además, la Ley de Servicio Público
garantiza horarios especiales con las mismas remuneraciones para
aquellos servidores públicos que tienen a su cargo o
protección a personas con discapacidad.

Domingo 23 de junio de 2010

Empresas buscan
regularizar su actividad con reformas a la Ley

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

La Asociación de Empresas de Servicio Privado de
Movilización presentó en agosto pasado un proyecto
de Ley para que se regularice su actividad y terminar con los
problemas que suelen presentarse: Los vigilantes detienen los
vehículos por falta de un permiso de operación,
dijo el presidente del gremio, Rolando Cevallos.

El proyecto propone como requisitos para dar el servicio
que las unidades sean tipo sedán y que tengan hasta tres
años de vida útil, que ofrezcan seguro para sus
clientes y que se autorice una cuota del 10% con relación
a los taxis amarillos con permiso.

El servicio de taxis ejecutivos no está
determinado en la ley. "Quienes ofrecen este servicio
actúan de forma ilegal", precisó el presidente
del  Consejo Nacional de Tránsito, Harrison
Vizcaíno. La ley de Tránsito y Transporte Terrestre
establece como contravención grave la prestación de
servicio de transporte público "con un vehículo que
no esté legalmente autorizado para realizar esta
actividad" y la sanciona con prisión de 30 a 180
días y una multa de cinco a diez salarios mínimos
vitales.

Cevallos aseguró que el  alquiler de autos
con chofer que dan sus asociados no son servicios públicos
porque cuando el cliente llama a pedir  un carro, hay un
contrato de por medio. Incluso, prefiere que no   se
los catalogue como taxi amigos, pues por eso  se los
considera "piratas".

El Consejo Nacional de Tránsito, dentro del
primer semestre, presentará un proyecto para incorporar
nuevas modalidades de transporte entre las que se podría
incluir este servicio, señaló
Vizcaíno.

Domingo 04 de julio del 2010

Proyecto de ley no
refuerza el control

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

Funcionarios que laboran en el Ministerio de
Educación en Quito, entidad que ha incrementado el
número de contratados.

El proyecto de Ley Orgánica del Servicio
Público (LOSP) mantiene un nivel técnico aceptable,
pero desde el punto de vista político refleja un intento
de hacer adaptaciones que sirvan a los intereses del gobierno de
turno y no le otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la
fuerza suficiente para controlar a ese sector.

Estas son las principales observaciones realizadas por
el presidente de los servidores públicos, Miguel
García; y el ex director de la desaparecida Senres, Juan
Abel Echeverría.

Para el primero es cuestionable una transitoria del
proyecto que dispone dar nombramientos a empleados
públicos que estén bajo la modalidad de contrato
por dos años seguidos, por lo que afirma haber solicitado
que eso se aplica si se cumplen los requisitos para el
puesto.

Aunque el art. 228 de la Constitución establece
que debe haber concurso, García explica que en el caso de
contratos ocasionales para asesores, por ejemplo, el tema queda a
discreción de la autoridad nominadora.

El proyecto también establece que es
responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales ejercer la
rectoría del sector público y definir la
política salarial y de recursos humanos.

Echeverría lamenta la fusión de la antes
Senres con el Min. de Trabajo, pues explica que cuando la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca) creó a Senres (octubre del 2003) se buscaba el
desarrollo profesional de los servidores públicos, pero
más eficiencia y productividad estatal.La Loscca,
enfatiza, garantiza la estabilidad de los servidores,
protegiéndoles de la arbitrariedad política, pero
al mismo tiempo determina que sus remuneraciones sean
proporcionales a sus funciones, eficiencia y responsabilidades.
Pero el proyecto de LOSP se enfoca más en el servidor
público.

Además, Echeverría resalta que la Loscca
también establecía que las unidades de recursos
humanos de cada institución debían depender de la
antes Senres, pero con la desaparición de esa entidad, los
ministros ordenan los nombramientos de forma directa, sin
concursos.

Finalmente, sostiene que sería preocupante que
desaparezcan los logros que tuvo la Loscca y no se refuerce el
control que sí fue un vacío en las potestades de la
antes Senres, pues frente al incumplimiento de las normas por
parte de las instituciones del Estado solo podía comunicar
a la Contraloría para que esta determine responsabilidades
y sanciones.

Lunes 12 de julio del 2010

Indígenas
rechazan acusaciones

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

Gobierno seguirá juicio contra el movimiento
indígena por manifestación, durante la cumbre del
ALBA, del pasado 25 de junio.

El presidente de la República, Rafael Correa,
insistió en sus cuestionamientos contra el movimiento
indígena, durante su último enlace
radial.

Denunció que ciertas organizaciones
no gubernamentales (ONG), que según él son brazos
ejecutores de centrales internacionales, (no dio nombres) "le
pasan plata a los indígenas y les hacen decir cosas que no
tienen fundamento".Al respecto, Delfín Tenesaca,
presidente de la Ecuarunari -filial Sierra de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie)- manifestó que las ONG que colaboran con
las comunidades indígenas no condicionan al movimiento
para que adopte alguna posición
política.

Explicó que esas organizaciones
mantienen acuerdos directamente con la población
indígena para desarrollar proyectos comunitarios, pero no
con las organizaciones políticas. "Como Ecuarunari, no
tenemos ningún convenio con alguna ONG",
puntualizó.

Citó, por ejemplo, que la Unicef
desarrolla talleres relacionados con la niñez y
adolescencia y que Acción Ecológica mantiene un
programa para el cuidado del páramo.

"Esos proyectos no tienen nada que ver con
nuestra lucha política… Yo no sé de dónde
se inventa el presidente Rafael Correa para atacar a las
instituciones", manifestó el dirigente
indígena.

Asimismo, señaló que las
movilizaciones se financian con las cuotas de los propios
indígenas y que en esa colecta no participa ninguna
ONG.

Correa criticó, en su enlace radial,
que esas movilizaciones privan de servicios públicos a los
demás ciudadanos. Citó el artículo 158 del
Código Penal, insertado en la sección de los
delitos de sabotaje y terrorismo, que castiga con 8 años
de reclusión y multa de 87 a 175 dólares "a quien
destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios
públicos".

"Yo actuaré con la Ley en la mano porque cada vez
que hayan estos actos tendrán un juicio", advirtió
el Mandatario.

Asimismo, rechazó que los indígenas hayan
-según él- amenazado con lanzas a los
policías durante sus manifestaciones en Otavalo, el 25 de
junio pasado, por motivo de la Cumbre de la Alternativa
Bolivariana para los pueblos de Nuestra América
(ALBA).

Tenesaca, quien participó en esa protesta,
manifestó que en esa ocasión los indígenas
amazónicos usaron las lanzas para defenderse, ya que los
uniformados, montados en caballos, intentaron
agredirlos.

"Queríamos hacer conocer a la opinión
pública internacional que (aquí) no hay ninguna
revolución, ninguna responsabilidad para con nosotros (los
indígenas), sino solo insultos y amenazas",
argumentó.

También justificó el cierre de carreteras.
Indicó que la Conaie, preocupada por las leyes pendientes
en la Legislatura, como Educación Superior,
Comunicación y Ley Minera, han movilizado a sus bases
hacia la capital de la República para buscar un
diálogo con la Asamblea y con la Presidencia, pero que la
Policía, siguiendo órdenes del Ministerio de
Gobierno y de las gobernaciones, impiden el paso a los
indígenas y les bajan de los buses. Por esa
situación, ellos se quedan en las carreteras y las
cierran, manifestó Tenesaca.

CogobiernoSegún Correa, el movimiento
indígena, amparado en el discurso de la plurinacionalidad,
busca cogobernar junto con la Presidencia. Les acusó de
que quieren manejar el agua, la salud y la educación y
hacer que nadie entre a su territorio.

DemocraciaTenesaca señaló que el
movimiento indígena no busca cogobernar con las
autoridades elegidas democráticamente, sino que les exigen
que estas gobiernen para todos y que haya participación
ciudadana en las decisiones importantes.

Martes 18 de julio del 2010

Consulta en la ciudad
sobre los servicios básicos

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

Durante la primera semana del próximo mes, el
Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos tiene
previsto iniciar un proceso de consulta a la comunidad
guayaquileña con el propósito de obtener la
opinión de al menos 100.000 personas sobre la calidad de
la prestación de los servicios básicos en la
urbe.

Según César Cárdenas, director del
Observatorio, una de las preguntas tiene que ver si los
ciudadanos están de acuerdo en que la Municipalidad asuma
la responsabilidad, rectoría, control y regulación
del agua potable que se distribuye en Guayaquil.

También se consultará si es necesaria la
disolución del contrato de concesión entre la
Empresa Cantonal de Agua Potable (Ecapag) e Interagua, firmado en
el 2001. Esta pregunta guarda relación con la
polémica originada desde junio pasado cuando los
estudiantes de una escuela del sector del Plan Piloto se
enfermaron con hepatitis A por la mala calidad del agua. La
última interrogante está relacionada con la
participación de  representantes de la sociedad civil
y consumidores en las entidades encargadas de brindar servicios
públicos.

En la consulta participarán los miembros del
Observatorio y de las organizaciones comunitarias que lo
conforman, además de estudiantes de universidades que
instalarán mesas en instituciones educativas, parques y
calles principales de la cuidad, para solicitar el
pronunciamiento de las personas que reciben servicios
básicos, explicó Cárdenas.

Agregó que los resultados de la encuesta se
presentarán el próximo 8 de noviembre y
serán entregados al alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y
otras autoridades locales.

Esto, según el organizador,   con el
objetivo de que atiendan las solicitudes de los participantes en
la jornada.

Un tribunal electoral con delegados de varios sectores
de la sociedad se encargará del conteo y
clasificación de las respuestas.

OBSERVATORIOFINANCIAMIENTOEl Observatorio
Ciudadano de Servicios Públicos financiará  la
consulta que bordea los 1.500 dólares. "Son gastos
básicos de papelería, pues el trabajo de la gente
es voluntario", precisó César Cárdenas,
director del organismo.

ESPERAEl Observatorio espera la respuesta del
alcalde Jaime Nebot sobre las "propuestas para mejorar la calidad
y el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario y pluvial", entregadas al funcionario este
mes.

TRÁMITEAdemás de solicitar que el
cabildo asuma la competencia del servicio de agua potable, el
Observatorio propone que el Congreso Nacional apruebe una ley
reformatoria a la ley de creación de Ecapag.

Sábado 21 de agosto del 2010

Presidencia
cambió ayer de dominio electrónico

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

El IESS tiene los 2 dominios.